La UCE realizó un estudio sobre el fraude de los instaladores y empresas instaladoras de gas, tras haber recibido en 1997 unas 3.000 denuncias contra 50 empresas, por importe de 40 millones de pesetas.

Según esta organización de consumidores, en los últimos años se vienen sucediendo las estafas protagonizadas por un gran número de empresas, unas autorizadas y otrasfalsas, que se aprovechan del temor del usuario en un asunto tan importante y peligroso como es la seguridad de este tipo de instalaciones.

La organización considera que la confusión existente entre los consumidores se debe al desconocimiento del cambio de la normativa de las instalaciones de gas a granel y envasado, que en el año 1992 eliminó la obligación de la empresa suministradora de inspeccionar las instalaciones de los usuarios, convirtiendo a éstos en responsables del mantenimiento de sus instlaciones.

Los responsables de la UCE criticaron la "pasividad" que a su juicio están demostrando los poderes públicos ante este problema, lo que hace posible que las empresas que se dedican a estafar a los usuarios "sigan actuando a sus anchas por todo el país en la más absoluta impunidad".

Entre las medidas que propone la Unión de Consumidores para atajar estas prácticas figuran la aprobación de una legislación que delimite claramente las responsabilidades de cada parte sobre la seguridad de lasinstalaciones de gas, el establecimiento de un modelo de certificado homologado en toda España y la creación de una "Cartilla de Gas", que recoja todas las incidencias que afecten al funcionamiento de la instalación.