La UCE afirma en una nota que las más de setenta oficinas territoriales con que cuenta esta organización en España están atendiendo de forma absolutamente gratuita a cuantos afectados requieren su asesoramiento de forma personal, telefónica o a través de Internet.

Asimismo, explica que se les proporciona incluso el modelo de denuncia que deben interponer ante las autoridades competentes para que se les tenga como perjudicados en el proceso, recogiendo su documentación e incorporándolos a las bases de datos de afectados, conforme se les ha requerido desde el Instituto Nacional de Consumo.

En ningún caso, agrega, está exigiendo el pago de cuotas de socio, provisiones de fondos ni ningún otro tipo de gastos y sólo aquellos afectados que particularmente lo desean se asocian.

"Esto supone que todos los gastos administrativos, de gestión y de personal que está suponiendo la imprescindible ampliación de los servicios habituales de estas oficinas están siendo soportados por nuestras organizaciones, a la espera de unas ayudas oficiales a la gestión administrativa que ya se estiman absolutamente insuficientes y que suponen una aportación ridícula para las entidades con mayor presencia territorial y mayor número de puntos de atención", prosigue el comunicado.

Finalmente, indica que estas organizaciones de consumidores son entidades privadas, cuyos únicos ingresos, al margen de las subvenciones oficiales recibidas para programas finalistas y que deben ser aplicadas exclusivamente a los mismos, son las cuotas de sus socios, que son los que van a soportar el exceso de carga provocado por la derivación a las asociaciones de la atención a los afectados de Fórum Filatélico y Afinsa.

Por ello, UCE pide que las afirmaciones generalizadoras sobre supuestos intereses en la captación de ingresos a través de los afectados sean realizadas con siglas, nombres y apellidos, al objeto de no perjudicar la imagen general de las asociaciones dedicadas a la defensa de los consumidores.