Según un estudio realizado por la UCE, solamente las oficinas de Telefónica de Lugo y Toledo ofrecieron "de buen grado" la información socilitada sobre bajas de teléfonos, mientras que el resto de las oficinas consultadas pedían el número de teléfono del usuario, enviar una petición de información y otros requerimientos.

Para los responsable de la organización de consumidores, estas exigencias de algunas oficinas de Telefónica "obstaculizan y no guardan relación ni proporción con la simple petición de información que se requiere por parte del usuario".

El informe de la UCE señala que todas las oficinas de Telefónica coinciden en que la solicitud de baja del equipo telefónico debe formularse por escrito, excepto en Madrid, donde también puede pedirse acudiendo personalmente a la oficina.

Respecto a los plazos para ejecutar la baja de teléfono, el estudio asegura que van desde un máximo de seis meses en Madrid -aunque suelen hacerlo en un mes-, Lugo y Valladolid, hasta los 4 o 5 días en Colindres (Cantabria), pasando por los 14-20 días en Santander y Barcelona.

Pero para la UCE lo más "sorprendente" es la disparidad en las informaciones que suministra Telefónica en las distintas provincias sobre el coste de dar de baja un teléfono y el coste del Punto de Conexión de Red (PCR), que la compañía instala a los usuarios que quieren darde baja el terminal de Telefónica para instalar uno propio.

Así, mientras en Barcelona se compensa con 1.500 pesetas la entrega del terminal, no se paga por el PCR y en caso de alquilar un terminal nuevo no se abona nada, en Santander no hay compensación en caso de entrega del terminal, porque lo retiran los empleados de Telefónica en el momento de instalar el PCR, que junto con la instalación cuesta 5.000 pesetas.

En Colindres (Cantabria), el coste del PCR más la instalación se eleva hasta 7.500pesetas, mientras que en Madrid y Lugo cuesta 3.000 pesetas colocar el PCR. En Valladolid y Tenerife toda la operación cuesta 5.000 pesetas, frente a 3.000 pesetas en Segovia.

La UCE denuncia la falta de homologación en la política comercial que sigue Telefónica en las diferentes provincias y recuerda a los usuarios que la regulación actual fija un coste de 1.000 pesetas por el PRC inicial y 2.256 por la visita del operario de la compañía, lo que suma un total de 3.556 pesetas, muy por debajo de las 5000 y hasta 7.500 de algunas provincias.