En una rueda de prensa, Alonso calificó estas prácticas como "un fraude legalmente permitido por el Estado que vela más por los beneficios de estas empresas que por los derechos de los consumidores".

El representante de UCE explicó que el último episodio de "estos abusos" es el nuevo modelo de contratos que algunas compañías, Movistar y Vodafone, ejecutan desde abril en el que se recogen imposiciones unilaterales que modifican derechos consolidados de los usuarios.

Algunas de estas imposiciones son que la operadora se reserva el derecho de cambiar el número de teléfono del usuario o modificar sus límites de consumo comunicándoselo a través de Internet.

Asimismo, según Alonso, "estos nuevos contratos suponen un verdadero blindaje a la portabilidad", proceso en virtud del cual los usuarios pueden cambiar de compañía manteniendo el número de teléfono.

De hecho, el representante de UCE reveló que el pasado mes de abril, según datos ofrecidos por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), descendió por primera vez en seis años el número de portabilidades reduciéndose en un 10%.

Por todo ello, ante esta alteración contractual y las prácticas restrictivas de la competencia llevadas a cabo por estas dos operadoras de móviles, UCE ha presentado denuncias ante el Instituto Nacional de Consumo, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, la Comisión del mercado de las Telecomunicaciones y el Servicio de Defensa de la Competencia.

La telefonía acaparó en 2005 una de cada cuatro reclamaciones en España. Estas compañías facturaron, entre telefonía móvil, fija e Internet, más de 30 millones de euros durante ese periodo.