Esta crítica fue formulada ayer por los responsables de la UCE al inistro de Trabajo y Seguridad Social, Luis Martínez Noval, en una reunión mantenida para analizar el proyecto de Ley de Huelga del Ejecutivo, según informaron hoy fuentes de esta asociación de consumidores.

A juicio de la UCE, es "imprescindible" regular el ejercicio del derecho de huelga y el cierre patronal en los servicios públicos, con el fin de buscar el equilibrio entre los derechos de los usuarios y el de los trabajadores al ejercicio del derecho de huelga reconocido en la Constitución.

Sn embargo, para la UCE, el proyecto de Ley de Huelga del Gobierno presenta "un especial punto débil" en lo relativo a la falta de legitimación de las asociaciones de consumidores para interponer acciones en casos de ilegalidad de las huelgas y cierres patronales.

Igualmente, la organización de consumidores critica la ausencia de indemnizaciones por daños y perjuicios para aquellos consumidores que demuestren que han resultado lesionados por la realización de huelgas y cierres patronales ilegales.

Para la UCE, "de nada sirve el reconocimiento de derechos si no se habilitan mecanismos que faciliten su ejercicio, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayor parte de los usuarios no acudirán a la vía judicial para reclamar estas indemnizaciones a los responsables del incumplimiento de los servicios mínimos en los servicios esenciales, dados los inconvenientes que tal vía supone".

La UCE insiste en que "en un Estado de derecho, el sometimiento a las leyes de todos los ciudadanos y agentes socialesy económicos, así como el derecho a la tutela judicial efectiva, constituyen bases imprescindibles para garantizar la convivencia".

Los responsables de la UCE basan su petición de que se les legitime para emprender acciones contra huelgas ilegales y para defender a los consumidores en los artículos 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el artículo 20 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores, que hacen referencia a esta materia.