El Gobierno amplió en 1997 el plazo máximo de las concesiones de 50 a 75 años y ha prorrogado varias concesiones desde entonces, a cambio de rebajas en los peajes y de obras de mejora en las infraestructuras.

La UCE apuesta por que, ahora que se estudia construir nuevas autopistas de peaje, los plazos que se fijen sean "racionales" -que garanticen el beneficio a la iniciativa privada- y se respeten escrupulosamente, según manifestó hoy a Servimedia su portavoz, Enrque García.

Para García, si se prorrogan los peajes, se puede ocasionar un efecto negativo sobre las regiones por donde pasan las autopistas, ya que "llega un momento en que la existencia del peaje no sólo ya no es motor de desarrollo sino que es un escollo a ese desarrollo, frente a otras provincias".

Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) cree que la prórroga de las concesiones "debe implicar, automática y obligatoriamente, unbeneficio para el consumidor mediante una rebaja real en las tarifas de peaje y además tiene que llevar consigo una mejora en la calidad de dichas infraestructuras".