Para esta organización de consumidores, lanueva LAU significa un importante paso para conseguir la necesaria flexibilización del mercado de alquileres, "al dotar por fin de una seguridad jurídica a las relaciones arrendaticias que se constituyan a su amparo".

Según la UCE, la larga espera en la tramitación de esta ley ha provocado la desconfianza y el desconcierto de los inquilinos y los propietarios de viviendas al desconocer las implicaciones de la nueva normativa, lo que se ha traducido en una retracción importante de la oferta de vivienda en alquiler.

Con la aprobación de la ley, la UCE confía en que a medio plazo se empiece a debloquear el mercado de las viviendas en alquiler, "hasta la fecha estrangulado". Para ello, cree que es necesario un mayor compromiso social por parte de los agentes económicos del mercado inmobiliario y de las distintas administraciones.

Para la UCE, la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos es "claramente positiva" en cuanto a su proyección de futuro y a que resuelve el problema de inestabilidad que veníansufriendo los inquilinos con el decreto de 1985, el denominado "decreto Boyer".

Sin embargo, esta organización de consumidores considera que la ley va a generar gran cantidad de conflictos y controversias en lo referente a la aplicación del régimen transitorio a los contratos firmados anteriores a 1985, es decir, a la actualización de las rentas, la repercusión de las obras en la vivienda y otros asuntos.

Los responsables de la UCE advierten a los consumidores de la posible "picaresca" que, a su uicio, puede desarrollarse al amparo de la nueva ley, por lo que recomienda a todos los usuarios que despejen las dudas que tengan sobre las repercusiones de la nueva normativa en sus casos particulares.

En este sentido, aconseja a los consumidores que se asesoren previamente antes de aceptar las nuevas condiciones que los arrendadores les planteen o propongan, y que exijan siempre por escrito tales propuestas.