Según informaron a Servimedia fuentes de la UCE, esta preocupación ya fue trasladada al Gobierno hace unos días, en una carta remitida por la dirección de la organización a los ministros de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, y de Sanidad y Consumo, Julián García Valverde.

En el escrito, l UCE hace constar su preocupación por el riesgo de paralización que puede correr el desarrollo de la protección a los consumidores en los acuerdos de Unión Política y Monetaria de la Comunidad.

Según la organización, su preocupación se debe a la decisión adoptada en la reunión preparatoria de Noordwijk (Holanda), de retirar el título XVI, relativo a la defensa de los consumidores, de la propuesta oficial sobre el nuevo Tratado de Unión Política y Monetaria que deberán debatir los dirigentes de la CE. A juicio de la UCE, es "un hecho muy grave" que la defensa de los consumidores y usuarios, a la que califica de principio rector de la política social y económica, recordando el texto de la Constitución española, "quede como un derecho simbólico en la Europa de 1992".

Los responsables de la UCE añaden en su carta que, a pesar de que el Tratado de Roma recogía la intención de potenciar un alto nivel de protección de los consumidores, no dotaba a las instituciones de Gobierno, como el Consejo, la Coisión y el Parlamento, del poder político necesario para cumplir ese objetivo.

Asimismo, destacan la labor realizada por los gobiernos español y danés para aprovechar la modificación del Tratado de Roma y dotar a los organismos de la Comunidad de instrumentos legales que les permitan ejecutar una política eficaz sobre el consumo en los estados miembros.

"Sin embargo", añaden, "en la reunión de Noordwijk se suprimió ese apartado", motivo por el que la UCE muestra su preocupación por el riesgo de qe los derechos de los consumidores no alcancen el mismo nivel de desarrollo e integración que las políticas y la economía de los "Doce".