Según explicó esta organización, los supuestos revisores se presentan en pareja en los domicilios. Dejan una nota en los portales de los inmuebles con unteléfono de contacto 902 en el que nadie contesta y una dirección de correo electrónico de "gmail".

Además, para confundir al usuario incluyen los logotipos de la Comunidad Autónoma y de Arbitraje de Consumo, al que se afirma estar adherido.

UCE recomienda no dejar nunca entrar a personas que se presentan como inspectores del gas si no ha habido antes una comunicación previa por parte de la empresa distribuidora o de la empresa inspectora contratada.

El distribuidor deberá comunicar a los usuarios, con una antelación mínima de cinco días, la fecha de visita de la inspecciónque realizará, solicitando que se le facilite el acceso a la instalación. Si no fuera posible efectuar la inspección por encontrarse ausente el usuario, el distribuidor notificará a aquél la fecha de una segunda visita.

Además, UCE puntualizó que una revisión tiene un coste aproximado de 20-30 euros, por lo que cualquier cantidad que exceda esta cifra ha de hacer sospechar al usuario que está ante un intento de estafa.

Asimismo, recuerda que la manipulación de las calderas de gas por parte de terceros anula la garantía del aparato, por lo que este tipo de actuaciones irregulares tiene importantes perjuicios para el consumidor.

Las instalaciones de gas natural y gases licuados del petróleo por canalización (GLP) tienen la obligación de pasar cada cinco años una única inspección por parte de la empresa distribuidora, cuyo coste debe ser abonado por el usuario.

En cuanto al gas butano, los usuarios que tengan instalaciones de gas licuado del petróleo envasados (bombonas), la revisión es también cada cinco años y a cargo del usuario.