Para denunciar los "abusos e incumplimientos" de las empresas eléctricas en el suministro y cobro de sus servicios, la UCE ha elaborado un estudio en que critica las nuevas tarifas de la luz y los cambios en el cobro de los recibos.

Según Pereira, "la indefensión de los consumidores ante las eléctricas ha aumentado desde el pasado 1 de enero", cuando el Gobierno aprobó un reglamento tarifario que permite aplicar incrementos del recbo de hasta el 47 por ciento si se demuestra el consumo de energía radiactivo en su domicilio por encima del 0,8 por ciento del total.

Esta clase de energía es la que se consume para las lámparas de bajo consumo, fluorescentes, y todos aquellos aparatos que empleen un motor eléctrico para su funcionamiento.

También se aprobó una modificación de la "Tarifa Nocturna", que antes suponía un ahorro del 55 por ciento sobre la factura que se tuviera antes de solicitar el servicio, y ahora se aplica sobr una tarifa de medio consumo, la llamada 3.0.

SIN CONTAR CON EL CONSUMIDOR

A juicio de la UCE, las compañías podrán registrar la instalación de los domicilios desde los cuartos de contadores y detectar si se consume energía radiactiva sin tener que contar con el consumidor.

Asimismo, critica que el reglamento tarifario permita que las compañías eléctricas puedan cortar el suministro de la luz sin el consentimiento previo de la Administración, como ocurría antes, "ya que ahora basta con comunicaselo por escrito y proceder al corte si no ha habido respuesta opficial en el plazo de 12 dias. algo que puede rayar la incostitucionalidad".

Por otra parte, la Unión de Consumidores de España considera que "la Administración está consintiendo el principio de 'primero pague y después reclame', al autorizar a las empresas que realicen lecturas estimadas, que les permiten facturar un recibo sin leer el contador, e incluso cortar el suministro si no se paga".

Frente a este panorama "desolador", la UE ha diseñado una campaña, que comenzará próximamente, con la que quiere aumentar la información de los ususarios del servicio eléctrico y prevenirles contra "los posibles abusos que puedan cometyer las compañías aprovechando el silencio de la administración y la ignorancia de los consumidores".