Según informaron portavoces de la UCE, el actual reglamento de tarifas eléctricas indica que los derechos de acometida en una instalación pagados por el titular que la pide permanecerán vigentes como satisfechos, en el caso de un cambio de propietario, durante 3 años si se trata de un suinistro de baja tensión y 5 si es de alta.

Esta norma, vigente desde 1982, estaría siendo aplicada, según la UCE, a todos los contratos que modifican su titular, sin tener en cuenta si la instalación se solicitó por primera vez antes de esa fecha o no, con lo que las eléctricas podrían haber ingresado ya más de 60.000 millones de pesetas que no les corresponden.

Con el fin de detectar las posibles anomalías que, a juicio de la organización de consumidores, podrían estar cometiendo las empresas de sector, UCE recomiendo a todos los abonados del servicio que tengan en cuenta este factor cuando tengan que revisar algún contrato.

Además, la organización asegura que, en un análisis realizado sobre el sistema de facturación de las principales empresas del sector eléctrico nacionales, ha detectado numerosos recibos defectuosos que "casualmente" siempre dejan un saldo a favor de las compañías y que suelen estar motivados "por fallos en sus sistemas informáticos que contabilizan más pasos de los realmnte consumidos".

Para evitar lesiones a los derechos de los consumidores, la UCE recomiendo a los usuarios que revisen sus recibos y procedan a la reclamación correspondiente, en el supuesto de que detecten fallos de estas características, al tiempo que advierte de las mayores dificultades que encierra la devolución de una cantidad impagada cuando la liquidación se ha hecho directamente en las oficinas de las compañías, en lugar de hacerlo por banco.

En opinión de esta organización, la Ley de Ordnación del Sector Eléctrico paralizada en las Cortes por el adelanto en las elecciones recogía buena parte de las reclamaciones que venían haciendo las asociaciones de consumidores para defender sus derechos, aunque mantienen que debería articular un órgano de representación que permita discutir los problemas del servicio con todos los agentes implicados.