La decisión se produce después de que la Comisión haya reibido las cuentas anuales de las empresas afectadas, que reflejan "varias transacciones financieras nuevas que podrían implicar una ayuda estatal adicional".

Según informó la Comisión, se han adoptados dos decisiones: ampliar la investigación sobre la posible concesión de una ayuda adicional de 515 millones de euros entre 1999 y 2000 e iniciar una investigación sobre las ayudas concedidas estre 2000 y 2002, por importe de 1.500 millones.

La Comisión pretende aclarar si se concedió a los astillero de propiedad estatal, hoy pertenecientes al grupo Izar, una suma adicional de 515 millones de euros en concepto de aportaciones de capital y préstamos.

La Comisión cree que este dinero fue proporcionado por la Sepi y tiene dudas sobre si esto no podría constituir una nueva ayuda estatal que, tras la autorización de un paquete de reestructuración de 811 millones de euros en 1997, no sería compatible con las normas de la UE sobre ayudas a la construcción naval.

Con la otra decisión, la Comisión incia el procedimiento de investigación formal referente a las inyecciones de capital por un importe cercano a 1.500 millones de euros aportado por Sepi a Izar durante los años 2000 a 2002.

Las autoridades comunitarias consideran que el dinero aportado por la Sepi pudiera constituir beneficios económicos a la construcción naval civil que probablemente no hubieran recibido de otras fuentes comerciales, por lo que puede tratarse de una ayuda estatal incompatible con la normativa comunitaria.

Las nuevs actuaciones de la Comisión se basan en que ha tenido acceso a las cuentas de las empresas de construcción naval afectadas y ha detectado "varias transacciones financieras nuevas que podrían implicar una ayuda estatal adicional".

Las transacciones proceden de la Sepi y son: préstamos por un importe de 194,4 millones de euros a las tres empresas públicas de construcción naval Cádiz, Juliana y Manises; una aportación de capital a AESA de 252,4 millones de euros y aportaciones de capital por un importe e 68,2 millones de euros a las empresas públicas de construcción naval Astano, Cádiz, Juliana y Manises.

Durante la investigación, la Comisión descubrió también que Izar había recibido inyecciones de capital de Sepi después de que Izar se hiciese cargo de los astilleros civiles españoles de propiedad estatal de AESA y SEPI.

Estas inyecciones de capital ascendieron a 1.322 millones de euros en 2000, 105 millones de euros en 2001 y 50 millones de euros en 2002. El objetivo del procedimiento de ayud estatal en este caso consiste en aclarar si alguna parte del capital aportado a Izar redundó en beneficio de los astilleros civiles españoles o de la producción civil de buques. España ha defendido que estas importantes inyecciones de capital sólo afectaban a la construcción naval militar.