La UCE destacó que la nueva ley, a la que ahora debe seguir su reglamento, prohíbe la contraprogramación y obliga a las cadenas a comunicar al público su programación y los títulos de las películas con uficiente antelación, así como a cumplir los horarios.

En este sentido, recordó que en España se ha llegado a cambiar programas de hora, ocultar títulos de películas y contraprogramar en un total del 40 por ciento de la programación de un canal, muy por encima de los restantes países europeos.

Los consumidores han sido los más perjudicados por estas prácticas, subraya la UCE, porque no han disfrutado de los programas que querían ver o no conocían lo que realmente se iba a emitir, porque la utilidd del vídeo se ha visto afectada y porque, como padres, no han podido seleccionar los programas que estiman idóneos para sus hijos.

"UCE quiere expresar su satisfacción porque la nueva ley ha recogido el derecho de los telespectadores a la información veraz, que nunca debió ser conculcado y, en todo caso, debió sancionarse su vulneración ante las reiteradas denuncias y acciones que esta asociación elevó a los órganos administrativos pertinentes a lo largo de los últimos años", señaló su directivo.

Sin embargo, pese a ese avance, la UCE ve aspectos negativos en la nueva normativa, como el aumento del tiempo que puede dedicarse a publicidad y autopromoción (pasa de 12 a 17 minutos por hora) o el régimen sancionador, que elimina la sanción mínima para faltas como la emisión excesiva de anuncios, que antes era de 15 millones de pesetas (aunque en la práctica las denuncias de los consumidores se archivaban sin sanción por falta de medios de los denunciantes para demostrar las infracciones).

Hinojos manifestó que la UCE es partidaria de fijar la cuantía de la multa en proporción a los beneficios de la empresa castigada, ya que la multa máxima son 50 millones, una cantidad que representa muy poco en comparación con los volúmenes de dinero manejados en las campañas publicitarias televisivas.