Un estudio reciente de la FAP refleja que esas 360 emisoras locales que actúan fuera de la legalidad regularmente emiten un promedio diario de 120 películas sin autorización de los propietarios.

En términos económicos este fraude supone un serio problema para la industria audiovisual, que deja de ingresar 90 millones de pesetas diarias por los derechos de la emisión pública de estas películas.

Desde la creación de la FAP la piratería audiovisual ha descendido del 0 por ciento de la actividad total del mercado al 8 por ciento actual. Las televisiones locales han reducido en gran medida este tipo de fraude, aunque la media de 'piratería' es más elevada que en otros sectores, como los videoclubes.

Las Fuerzas de Seguridad del Estado realizaron entre enero y noviembre de 1996 cerca de 800 intervenciones en videoclubes, televisiones locales y vídeos comunitarios, lo que supone una media de casi 70 intervenciones al mes. A raíz de estas actuaciones policiales se iniiaron 200 procesos judiciales.

ANDALUCIA Y MURCIA

El fraude por los derechos de propiedad intelectual de los productores audiovisuales se divide en dos grandes apartados: fraude por emisión no autorizada y fraude por retransmisión.

La emisión no autorizada consiste en emitir a través de las televisiones locales, ya sean por cable o por onda hertziana, obras audivisuales sin el permiso correspondiente de los productores que han realizado dichas obras.

En el mapa del fraude en este capítulo estaca la comunidad andaluza, que cuenta con el 63 por ciento de las instalaciones defraudadoras. A continuación está Murcia, con un 20 por ciento, mientras que el 17 por ciento restante se reparten por el resto de comunidades autónomas, según datos facilitados a Servimedia por la Entidad de Gestión de Derechos Audiovisuales (EGEDA).

El concepto de fraude por retransmisión consiste en la captación de los programas contenidos en las señales aéreas por parte de las televisiones locales, redes de cable, omunidades de propietarios y otros usuarios para su distribución no autorizada a terceros, sin abonar los derechos a los titulares.