No obstante, de Guindos señaló que el servicio que el dirige estará "atento" por si la operación iniciada "supera los umbrales que marca la ley". El primer paso será establecer si esta concentración debe ser valorada por las autoridades comunitarias para, a continuació, analizar, dependiendo del ámbito que afecte, "si se establecen barreras a largo plazo para la entrada de nuevos competidores".

De Guindos explicó que, en el caso de que la operación supere los umbrales comunitarios, deberá ser la Unión Europea la que dictamine sobre el acuerdo. En caso contrario, las autoridades españolas delimitarán si existen problemas para el futuro.

En caso de que la nueva empresa tenga una facturación superior a 25.000 millones o tenga más del 20% de la cuota de mercado, e caso se elevará al Tribunal de la Competencia, órgano que redactaría un dictamen vinculante para el Gobierno.