Martín subrayó que el PP votó en contra de la Ley de TV Localas por Ondas Terrestres y recordó que el ministo de Fomento, Rafael Arias Salgado, prometió reformar el texto antes del pasado 31 de diciembre.

A su juicio, el Gobierno que preside José María Aznar está cometiendo en su política audiovisual los mismos errores que el anterior Ejecutivo socialista. "Están dando bandazos y cada diez minutos dicen una cosa distinta. Les interesa más el trasfondo político y empresarial del tema que el servicio público que debe prestar una buena política de telecomunicaciones", añadió Martín.

El presidente de ATEL nsistió en la necesidad de que el PP clarifique cuanto antes su postura respecto a ley de televisiones locales para acabar con la incertidumbre que vive el sector, al considerar que el desarrollo de estas emisoras está frenado por las dudas que rodean a las medidas que pueda adoptar el Gobierno.

Aurelio Martín también hizo una autocrítica al afirmar que "los responsables de muchas televisiones locales tienen la mente tan estrecha que prefieren seguir de brazos cruzados y en situación de espera".

La ley, aprobada en diciembre de 1995, tiene que ser desarrollada por los gobiernos autonómicos para iniciar el plazo de concesión de licencias. Pero todo está paralizado. El Gobierno insiste en promover una reforma del texto y ante este anuncio las comunidades también están paradas en la tramitación de la concesión de licencias", señaló Autelio Martín.

LIBERALIZACION

Una de las reivindicaciones que ATEL defiende con mayor insistencia es la posibilidad de que puedan existir tantas televisiones locals como permita el espacio radioeléctrico. Para ello, la asociación reclama la creación de un organismo de expertos imparciales que, junto a la Administración, haga un estudio serio de las frecuencias disponibles que pueden ser adjudicadas.

Además, ATEL subraya la necesidad de modificar la ley para suprimir el derecho preferente de los ayuntamientos al acceso a la televisión local, por entender que relega a un segundo plano el derecho de los operadores privados.