En la ruda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez afirmó que se está dando más importancia de la que tiene al requerimiento de la Comisión para rectificar en quince días el decreto ley de TV digital, un "trámite normal" en las relaciones Gobiernos-Comisión.

Al igual que hiciera ayer el ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, Rodríguez ha englobado el procedimiento de la Comisión contra España dentro de los conflictos intracomunitarios que todos los Estados miembros mantienen con la más altainstancia de la UE.

"La media de cartas de este tipo que la Comisión envía a los Estados miembros cada año son mil. Pueden novecientas y pico o mil doscientas, pero esa es la media", añadió.

Segun datos del Gobierno respecto a 1995, España, con 81 cartas de emplazamiento, fue el sexto país de la UE que más misivas de ese tipo recibió. Los primeros del ranking fueron Portugal e Italia con 115 y 114 respectivamente.

En ese año, España tenía ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo seis casos plateados, los mismos que Francia, Irlanda o Bélgica, y menos que los diez de Alemania y los 17 de Italia, siempre según estadísticas del Ejecutivo español.

Los países pueden no estar de acuerdo con las opiniones de "los comisarios" o de la Comisión en su conjunto "y se producen las alegaciones, las discusiones y las negociaciones, que es el caso que nos ocupa".

SE PEDIRAN ACLARACIONES

En el tema de la TV digital, el Ejecutivo entiende que ha cumplido con "el espíritu" del Tratado de Roma, en el sntido de que intenta evitar monopolios y "lo que se llama posiciones dominantes".

El Gobierno español quiere un sólo descodificador por el que pasen todas las señales digitales, de la misma manera que en una casa no hay tantos televisores como cadenas pueden recibirse. Queda ahora "y eso no está aclarado" en la carta de la Comisión, según el portavoz del Ejecutivo, saber si en España se autorizan los dos descodificadores, Simulcrypt y Multicrypt.

En las alegaciones, el Gobierno explicará que quiee que España sea participe "del ámbito de libertad de la UE y se pueda legislar, como en el resto de países de la Unión, contra los monopolios y las posiciones dominantes en materia de comunicación".

Miguel Angel Rodríguez recordó que también hay expedientes abiertos a España por el acuerdo Telefónica-Cablevisión o en materia de medio ambiente, "a los que no se da tanta relevancia". "Si después de presentar las alegaciones, la Comisión no está convencida del trabajo del Gobierno en beneficio del usuaro y del interés general, y en contra de los monopolios, el Gobierno tendría que acudir ante el Tribunal de Justicia para defender lo que entiende que es el interés general".

Preguntado si el ministro Arias Salgado había transmitido al Gobierno la opinión de la Comisión contra la ley, antes de hacerse oficial el emplazamiento, el portavoz ha señalado que el Ejecutivo estaba enterado de "la inquietud" de la Comisión.

Recordó que el titular de Fomento se ha trasladado en "cuatro o cinco" ocasiones aBruselas para conversar con los comisarios Martin Bangemann y Mario Monti. El Ejecutivo entendió en su momento que las dudas de los comisarios "habían sido aclaradas" pero "algún estudio" posterior de la ley ha llevado "al comisario Monti" a escribir la carta de emplazamiento.

"No sé si alguna vez se ha podido trasladar esta opinión, pero no entendemos que haya un mal trato especial de los comisarios contra España por ningún motivo. Entendemos que es su deber salvaguardar estos asuntos, y por eso el Gbierno español ha colaborado desde el comienzo y seguirá colaborando en la medida en que así se lo pida la Comisión. Y entiendo que también es colaborar si hay que llegar hasta el tribunal", concluyó.