En un comunicado, estas organizaciones señalan que, "en términos generales, las condiciones establecidas por el Gobierno hacen aceptable el proceso de integración, permitiendo el pluralismo, garantizando la apertura del mercado y permitiendo paliar posibles situaciones de abuso".

No obstante, precisan, "llaman la atención las específicas condiciones destinadas a proteger determinados intereses empresariales y, en contraste, la ausencia de mecanismos tendentes a desarrollar los derechosde los usuarios que se dicen preservar".

Por ello, estas asociaciones consideran conveniente que se cree una comisión de seguimiento del proceso de integración en la que participen representantes de dichas organizaciones de consumidores y del operador resultante, "con el fin de desarrollar desde el mercado la función arbitral que la decisión del Gobierno sólo reconoce para los problemas entre ofertantes, a través de la actuación de la CMT".