El Ejecutivo comunitario considera que el decreto ley del 12 de septiembre "modifica de manera sustancial la ley incriminada, puesto que ya no excluye el descodificador 'simulcryt' del mercado español".

Sin embargo, advierte que "algunos problemas podrían plantearse en la aplicación concreta de la ley, por los amplios poderes que han sido concedidos a la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones".

Los comisarios de Mercado Interior, Mario Monti, y de Telecomuicaciones, Martin Bangemann, han enviado a las autoridades españolas una carta para que vigilen toda interpretación y aplicación de la ley que no sea conforme al derecho comunitario.

ADVERTENCIAS DE MONTI

Mario Monti ha declarado que "gracias a la actitud firme que la Comisión ha mantenido en este caso, el principal motivo de esta infracción ha sido eliminado y el descodificador discriminado tiene ahora el derecho de ciudadanía en el mundo de la televisión digital española".

"Pero quiero ser clro: estoy dispuesto a reabrir este contencioso desde los primeros indicios de ambigüedad que indiquen una voluntad de obstaculizar el buen funcionamiento del mercado único", advirtió.

La decisión ha sido tomada después de verificar que los cambios introducidos en la ley han eliminado los elementos que se consideraban contrarios al derecho comunitario, como la preferencia del descodificador "multicrypt" en detrimento del "simulcrypt". "Se trata de un progreso esencial para asegurar un tratamiento iguala todos los operadores en el mercado español", según la Comisión.

No obstante, la Comisión señala que existen ciertos elementos del decreto ley que pueden ser objeto de una doble interpretación y advierte que el Gobierno español está obligado a respetar las normas comunitarias en la aplicación de la ley.

CERTIFICACION PREVIA

El Ejecutivo comunitario ha enviado una carta a España para precisar estos aspectos y para avisar de que si estos principios no son respetados en la aplicación, no se dudar en retomar el procedimiento de infracción.

Uno de estos aspectos es la exigencia de certificación previa de los equipos, incluidos los descodificadores. Bruselas considera que no puede consistir en un simple procedimiento declaratorio sin intervención de la autoridad administrativa.

En segundo lugar se considera que la autorización requerida para poder prestar los servicios de televisión digital sólo es aceptable en la medida en que no sea aplicada a los operadores que emiten desde de otros estaos miembros.

Sobre la obligación de inscripción en el registro de suministradores de servicios de acceso condicional, la Comisión piensa que no puede tratarse más que de una declaración con fines informativos.

TARIFAS DE INTERCONEXION

Finalmente, el Ejecutivo comunitario considera que la fijación de las tarifas de interconexión entre operadores deben resultar de la libre negociación, y no de un fijación directa de la autoridad administrativa.

Esta decisión pone fin a un proceso que comenzóel 27 de junio, cuando la Comisión Europea abrió un proceso de infracción contra las autoridades españolas por considerar que la ley de televisión digital atentaba contra normas fundamentales de la Unión Europea sobre la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios.

La respuesta dada por el Gobierno fue considerada como "incompleta" por el Ejecutivo comunitario y el 23 de julio envió un dictamen motivado advirtiendo que si no se modificaban los aspectos señalados presentaría una enuncia ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo y pediría la adopción de medidas cautelares.

Finalmente, el Gobierno aprobó el 12 de septiembre un decreto ley en el que modificaba varios artículos de la ley, que según la Comisión ha eliminado los puntos que violaban leyes fundamentales comunitarias.