Según la ACT, el proyecto elimina cualquier límite a la aportación de recursos públicos a las televisiones de titularidad pública, a las que sin embargo se les pemite recurrir a la publicidad y competir con las televisiones privadas.

A juicio de las televisiones comerciales, por primera vez en 50 años se impedirá que la Unión Europea garantice la aplicación del principio de igualdad de todos los operadores, públicos y privados.

La ACT se declara partidaria de la existencia de un verdadero servicio público de televisión que puede ser prestado por las empresas públicas, a las que deben facilitarse los medios económicos necesarios para su realización, pero rprueba la utilización de recursos públicos para desarrollar programaciones comerciales en esas mismas televisiones públicas.

Por ello, la asociación ha requerido a los gobiernos de los países comunitarios para que reconsideren la adopción de un protocolo que a su juicio cuestiona los principios de igualdad y libre competencia en los que se basa la construcción europea.