El Gobierno de Canarias acó a concurso el suministro de la programación, concesión que recayó en la Productora Canaria de Televisión. Esta empresa está formada al 60% por entidades y empresarios canarios. El 40% restante es de Promoción de Actividades Audiovisuales en Canarias, en la que hay participaciones del Grupo Prisa, Canal+ Francia, Cajamadrid y BBV.

El pasado viernes, el Tribunal Supremo supendió el concurso de adjudicación de la programación de la televisión canaria y ordenó la suspensión cautelar de los actos adminstrativos que dieron origen a la concesión.

En declaraciones a Servimedia, Villar dijo hoy que "respeto absolutamente al medio vinculado, que es un grupo de medios (en referencia al Grupo Prisa). Hace un año Fomento se dirigió al Gobierno canario y, antes de convocarse el concurso, cuando no había ningún medio implicado, se le dijo que era una actuación que no tenía acomodo en la ley y se le pidió que regularizara la situación".

El secretario general de Comunicaciones se lamentó que el Gobierno cnario no hiciera caso a esas advertencidas y que se haya "demonizado" a Fomento. "Hemos intentado que la ley se respetase en distintos ámbitos jurisdiccionales. El Tribunal Supremo anula las sentencias que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y suspende la eficacia del contrato", recalcó.

"Nos encantaría que hubiese un acuerdo básico para que la gestión se acomode a la ley. Si ese acuerdo existe, nosotros encantados", señaló José Manuel Villar.

"Queremos desde Fomento impulsar ualquier tipo de diálogo, y desde luego respetando a los grupos mediáticos que de alguna manera estaban en la Televisión Canaria, alguno de ellos de extraordinario rigor", concluyó.