La suspensión de pagos ha estado provocada principalmente por el cierre de una línea de descuento que la empresa mantenía con una entidad financiera, según el abogado de la firma, Javier Garrigues, quien señaló que entre las entidades deudoras se encuentran Bancaja, Banco de Alicante, Banco Central Hispano, Banesto y Banco Zaragozano.

Pese a la gravedad de la situación Garrigues prevé que la suspensión se pueda levantar en un plazo de 6 a 8 meses, "pues la viabilidad de la empresa está asegurada gracias a un superávit de 1.700 millones de pesetas".

Esta medida sucede a una regulación de empleo temporal en la empresa que comenzó el 1 de enero y concluirá el 31 de junio del presente año, y que ha afectado a 19 de los 63 trabajadores fijos de la entidad.