El Alto Tribunal celebró hoy la vista contra los recursos de casación que fueron presentados a la sentencia, en la que se consideraba que Cañellas, junto con el ex secretario general del PP balear y ex consejero de Función Pública, José Antonio Berastáin, "son autores criminalmente responsables de haber admitido los 50 millones de pesetas que le entregó (el empresario) Antonio Cuart Ripoll por la adjudicación de la concesión efectuada a su favor".

No obstante, el tribunl isleño absolvió del delito de prevaricación a los dos citados y también a los imputados Antonio Cuart y el ex consejero de Obras Públicas Jerónimo Sáiz. Además, ninguno de ellos ingresó en prisión puesto que el delito de cohecho fue declarado prescrito al haber pasado 5 años desde su comisión hasta la fecha de las actuaciones judiciales.

En la vista de hoy, la acusación ejercida por IU insistió en la entrega de los 50 millones de pesetas para afirmar que "existió prevaricación y cohecho" y subrayar ue el dinero "no fue al PP sino a Cañellas". En este sentido, apuntaron que el delito no podía estar prescrito, puesto que se prolongó hasta 1993.

La defensa de Cañellas insistió en que "no hubo lucro ni beneficio personal" para el ex presidente balear y únicamente apuntó que podría considerarse la entrega de los 50 millones de pesetas como una falta administrativa "nunca una cuestión penal".

La Sala, formada por los magistrados José Antonio Martín Pallín (ponente), José Jiménez Villarejo y José anuel Martínez Pereda, hará pública su resolución en unas dos semanas aproximadamente.