La providencia, dictada el pasado día 24, da cuenta del fallo de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que declara que estos vecinos han padecido la vulneración de su derecho fundamental a la intimidad domiciliaria por el ruido del sobrevuelo de aeronaves y les reconoce su derecho a que por la Administración se adopten las medidas precisas para que cese la causa de esa lesión y se indemnice con la cantidad de 6.000 euros a cada uno por los perjuicios sufridos.

Sin embargo, los vecinos aseguran en un comunicado que durante el pasado fin de semana se han producido sobrevuelos continuos sobre Ciudad Santo Domingo. Explican que han intentado ponerse en contacto con el responsable del aeropuerto y con el jefe de la Torre de Control, pero no ha sido posible, por lo que han tenido que dejar sus datos en el teléfono-contestador de Medio Ambiente de AENA.

Los vecinos afectados exigen la aplicación inmediata de la sentencia, y señalan que, mientras tanto se están registrando todos los extremos y la policía de Algete está tomando nota.

Para Saturnino Polanco, vecino y abogado en el caso, a pesar de que la Providencia del TSJM exige que se respeten los derechos fundamentales de las personas, AENA está respondiendo de momento "con arrogancia, atacando al Estado de Derecho". Además, cree que el aeropuerto está incurriendo en responsabilidad penal, denunciable ante el Ministerio Fiscal, lo que puede ser ejercitado en breve, advierte.

Por su parte, el abogado Félix González, que también interviene en el caso, considera que aunque AENA dispone de dos meses (por ley de lo contencioso-administrativo) desde que se notificó la sentencia el pasado 11 de noviembre, para de manera voluntaria cesar la causa de la lesión (los sobrevuelos), no parece que la estén cumpliendo, por lo que pasado ese periodo pedirán la ejecución.

Los vecinos de la población Ciudad Santo Domingo, en Algete, recurrieron en febrero de 2006 la desestimación de una demanda contra derechos fundamentales por sobrevuelo de aeronaves de Barajas por parte del TSJM y el Tribunal Supremo les dio la razón.

Los habitantes de esta zona consideran evitable la ruta aérea que pasa por esta población de 5.000 habitantes desde la construcción de la tercera pista en 1999. Los vecinos gozaban de un entorno medio ambiental saludable desde hace más de 30 años y se vieron afectados gravemente con sobrevuelos y aproximaciones de aeronaves desde la última ampliación de Barajas, en noviembre de 1998.

Insisten en que hay opciones operativas que evitan sobrevolar zonas pobladas. Además, hacen referencia a los riesgos de más de 30.000 aeronaves en sobrevuelo sólo en 2003, cuando antes de la tercera pista de 1999 no había ninguno.