En concreto, Andia fue condenado hace un año por la Audiencia Provincial de Madrid a la pena de siete meses de prisión -sustituida por ley por su expulsión del país- por los malos tratos infligidos a Toledo cuando aún eran pareja, pero la sentencia todavía no había sido ejecutada.

El TSJM explicó hoy, a través de un comunicado, que la tramitación de la causa, tanto en la fase de instrucción, como en la fase de enjuiciamiento y en la fase de recurso ante la Audiencia Provincial, se hizo "en los plazos más razonables"

Además, destaca que "todos los jueces" que intervenieron en las distintas instancias en el caso de Toledo "tenían el convencimiento de que la víctima estaba protegida" ya que sobre su asesino pesaba una orden de alejamiento.

En concreto, en julio de 2006, días después de que la víctima presentase una denuncia por malos tratos, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda (Madrid) prohibió a Andia aproximarse a menos de 500 metros de la víctima y comunicarse directamente con ella mientras durase la tramitación de la causa.

El TSJM señala que este auto con la orden de alejamiento fue correctamente remitido al Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y notificado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y subraya que la prohibición seguía vigente el pasado sábado cuando Andía presuntamente asesinó a su ex compañera sentimental.

Por último, la tribunal recuerda que la protección de las víctimas de malos tratos "corresponde a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", y añade que son ellos "los únicos encargados de velar por el cumplimiento efectivo de las órdenes de alejamiento cuando tienen constancia, como en este caso, de que han sido desobedecidas por el agresor".