En un auto notificado este jueves a las partes, el Tribunal sostiene que la exposición razonada elaborada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia relata “una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja (…) o bien proteger la carrera política de la aforada”.

El TSJCV entiende por tanto que resulta procedente incoar diligencias previas, de las que será instructor el ponente de esta resolución, el magistrado Antonio Ferrer, “con el fin de investigar hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario”.

La Sala asume la causa en su integridad, es decir, también en lo relativo a los otros 13 investigados, entre los que figuran altos cargos de la Consejería y trabajadores del centro de menores donde ocurrieron los hechos, al considerar que existe en este momento en todos ellos “una conexidad inescindible”.

Junto al auto por el que asume su competencia y se acuerda la incoación de diligencias previas, el Tribunal ha notificado una providencia por la que cita a declarar a la aforada como investigada el próximo 6 de julio a las 10.00 horas.

El juzgado número 15 de Valencia elevó el pasado mes de abril exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV por la actuación de la vicepresidenta y consejera en el caso de los abusos sexuales sufridos por una menor tutelada, por los que fue condenado su exmarido.

Según el magistrado, existen “indicios racionales y sólidos” de la participación de la aforada en los hechos por los que ya se siguen diligencias contra 13 investigados, entre altos cargos de la Consejería y trabajadores del centro donde ocurrieron los hechos.

El instructor consideró en ese momento que no resultaba ya posible “progresar en la investigación ordenada” sin que la vicepresidenta “sea oída como investigada, sin perjudicar su derecho constitucional de defensa y sin perjudicar el derecho de acción de las partes acusadoras y de defensa de las partes acusadas”.

La Fiscalía avala el inicio de la imputación de Oltra y defiende que "hubo un plan preestablecido para ocultar y desacreditar los abusos relatados por la menor". Entiende también que no se protegió a la menor y que se pudieron cometer delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos.

El relato del Ministerio Público contenido en la exposición razonada indica que "se puede advertir indiciariamente una línea directriz a lo largo de los mismos: en una primera parte un proceso de ocultamiento de los hechos por parte de organismos de la Consellería de Igualdad de la Generalitat Valenciana y, en segundo lugar, un proceso de descalificación de la credibilidad de la menor María Teresa Tanco Muela por parte de dichos organismos".

Además, reprocha la "escasa” o “nula” voluntad de lograr un “esclarecimiento de los hechos” que no se pusieron en conocimiento de la Fiscalía de Menores ni de la Policía, pese a que eran muchos los cargos públicos y responsables de menores que estaban al tanto de los hechos y que “participaron” en la gestión de estos hechos.

“Supieron de los abusos, pero ninguno denunció (comportamientos que evidencian el incumplimiento de los deberes legales de asistencia a la menor en situación de desamparo y que les estaban impuestos consecuencia de los cargos que desempeñaban), incumpliendo así su obligación legal de cuidarla, protegerla, y proporcionarle asistencia”, y añade el fiscal que “estos incumplimientos fueron dolosos, voluntarios y sin base, justificación, móvil o pretexto, residiendo la causa de tal manera de proceder en una decisión de ocultar los hechos y sin soporte razonable que los justifique".