El Poder Judicial acepta el recurso presentado por Antonio Gallegos, al entender que el acuerdo sancionador adoptado por la Sala de Gobierno del Alto Tribunal Andaluz "lesiona el derecho fundamental de libertad de expresión del propio magistrao", según señala textualmente la resolución a la que tuvo hoy acceso Servimedia.

El Consejo General considera que el artículo publicado en la revista del este órgano bajo el título "El asunto del fraude al Plan de Empleo Rural y el principio de tipicidad penal", en el que defendía sus decisiones sobre el asunto en contra de la postura del fiscal, no supone falta grave alguna como sugirió la sala de gobierno al incoar expediente sancionador el pasado 27 de noviembre de 1992.

Según la resolución de Poder Judicial, adoptada el pasado 5 de mayo, aunque no comunicada al interesado hasta el viernes 14, "los hechos que se contemplan se encuentran alejados de cualquier previsión normativa sancionadora; ... es compatible el cargo de magistradoo juez con la docencia e investigación jurídica así como la producción y creación literaria artística, científica y técnica".

Según el documento resolutivo, en ningún caso lo publicado puede estimarse como una censura a los actos del Ministerio Fiscal, dado que s trata sólo de las manifestaciones u opciones de un jurista ante un supuesto que le es perfectamente conocido, "... y es por tanto, una defensa de los criterios propios y no una censura de los ajenos".

El Consejo General del Poder Judicial no cree necesario incluir entre los deberes del magistrado el estar en plena sintonía con la actuación del fiscal e incluso la propia Audiencia.

El juez Antonio Gallegos instruye en la actualidad varios sumarios por supuesto fraude al PER en la provincia de Graada, y algunas de sus decisiones de archivo han sido polémicas al haberlas revocado y reabierto la Audiencia Provincial.