La sentencia del TSJ de Madrid es consecuencia del recurso que interpuso la Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (Aedenat) hace más de siete años contra la entrada de residuos radiactivos procedentes de centrales nucleares en "El Cabril".

El letrado que represent a la organización ecologista es el juez y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial Rafael Sarazá, que dimitió de este organismo recientemente al no prosperar la destitución de Luis Pascual Estevill.

Sarazá declaró hoy a Servimedia que pedirá la inmediata ejecución de la sentencia, "y la ejecución", dijo, "es que cierren 'El Cabril'", ya que esta debe ejecutarse aunque el Ministerio de Industria decida presentar recurso de casación ante el Supremo.

Aedenat argumentaba en su recurso que losmodulos de almacenamiento de "El Cabril" estaban exclusivamente licenciados para acoger residuos generados en instalaciones radiactivas no nucleares.

La situación legal del "cementerio" nuclear de Sierra Albarrana cambió a partir de 1992, cuando entraron en funcionamiento las nuevas instalaciones que ampliaban las que ya existían, puesto que las nuevas instalaciones sí obtienen permiso para acoger residuos procedentes de centrales nucleares.

No obstante, según Rafael Sarazá, Enresa y el Ministeri de Industria deben clausurar las instalaciones y proceder a aclarar que zonas cuentan con autorización para acoger elementos radiactivos procedentes de centrales nucleares y cuáles no.

Según los datos de Aedenat, entre 1989 y 1992 entraron en "El Cabril" más de 5.000 bidones de residuos generados en las centrales nucleares de Zorita, Garoña y Ascó, ya que en aquellas fechas los almacenes que destinan estas centrales a los desechos de baja y media actividad estaban saturándose y la Empresa Nacional deResiduos Radiactivos (Enresa) y el Ministerio de Industria y Energía autorizaron el traslado de las basuras a "El Cabril".

EXIGEN LA CLAUSURA

La sentencia de TSJ de Madrid indica que el "cementerio" nuclear no estaba autorizado para recibir estos desechos, por lo que exige la clausura de "El Cabril" hasta que no se acredite su legalización.

Sin embargo, la sentencia no atiende la petición de desalojo de los residuos que solicitó Aedenat, por entender que esta operación requiere una solución técica y no jurídica.

Aedenat ha pedido la dimisión de Juan Manuel Kindelán, al considerar que la setencia demuestra que actuó "con tan evidente desprecio de la ley" que no puede presidir un organismo como el Consejo de Seguridad Nuclear.