En la misma resolución, el TSJM dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que "informe sobre la posible competencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo" en la causa inicialmente instruida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Además, a tenor de la "gran vinculación" que existe entre los hechos imputados a los tres aforados madrileños y la actividad de toda la trama de corrupción, el TSJM reclama "la inmediata remisión de la totalidad de las actuaciones" seguidas por Garzón, sin perjuicio de la decisión que adopte la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, a favor de quien Garzón también se inhibió.

"La investigación conjunta de todas esas actividades en un solo procedimiento resulta esencial", señala el auto.

ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

En concreto, la Sala, encabezada por el presidente del TSJM Francisco Javier Vieira Morante, que además ha sido ponente de la causa, indica en el auto hecho público hoy que en la causa aparece la "posible percepción" por parte de los tres aforados madrilenos de "importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas" relacionadas con la trama de corrupción.

El auto señala que la declaración ante Garzón de alguno de los imputados apuntan a que López Viejo, "aprovechando su cargo público como Viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid" intervinó "para favorecer a alguna de esas empresas".

En cuanto a Martín Vasco, diputado en la Asamblea de Madrid desde 1995 y presidente de la Empresa Pública Sociedad de Fomento de Arganda del Rey (Madrid) entre 1997 y 1999, hizo "labores de intermediación en la adjudicación de proyectos urbanísticos desarrollados en ese ayuntamiento" así como consta "la percepción de notables cantidades de dinero de personas relacionadas con sociedades favorecidas por esa adjudicación".

Por último, en relación con Bosch Tejedor, diputado regional desde el año 2003, "percibió importantes cantidades que podrían tener relación con la adjudicación de contratos a empresas del entramado societario de Francisco Correa" cuando desempeñaba su cargo de gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte (Madrid).

"Los hechos que resultan de estos primeros indicios reúnen, inicialmente, los caracteres de infracciones penales que podrían corresponder a los delitos de cohecho o tráfico de influencias", señala el auto, con lo que el TSJM justifica su competencia para quedarse con la causa.

ANTONIO PEDREIRA

Por último, el TSJM ha designado como instructor de la causa, en virtud del turno establecido en las normas de reparto, al magistrado Antonio Pedreira.

Garzón decidió, el pasado 5 de marzo, inhibirse a favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia. En el caso de Valencia, el juez señaló la posible implicación en la trama del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y del secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa Climent.

En la causa hay un total de 55 imputados, de los cuales tan sólo tres se encuentran en prisión, el presunto cerebro de la trama, Francisco Correa, y sus dos subalternos directos, su primo Antoine Sánchez, y el ex secretario general del PP gallego, Pablo Crespo.

Ahora, Garzón deberá dictar un auto en el que decida si remite o no la totalidad de la causa al TSJM, tal y como ha reclamado este órgano jurídico.