Antaxi señaló que la Generalitat estudiará si las conductas de las empresas de VTC en cuanto a la solicitud de autorizaciones “cumplen con los presupuestos legales exigidos o concurrir, en su caso, una suspensión de las licencias y/o caducidad, debiendo además ser objeto de valoración por parte de la Administración la documental aportada en el seno del correspondiente procedimiento administrativo y judicial”.

Añadió que esta sentencia "ha confirmado la legitimación de Antaxi para perseguir las prácticas irregulares en la solicitud de autorizaciones. A su vez, exige a las administraciones públicas extremar la vigilancia respecto a las solicitudes para VTC".

La sentencia ha apoyado cuestiones denunciadas por Antaxi en cuanto a la concesión irregular de autorizaciones a VTC. En el año 2019, coincidiendo con la imposición de un plazo de contratación en Barcelona, 573 autorizaciones VTC se dieron de baja en Cataluña, mientras que los vehículos fueron adscritos a licencias en otras comunidades autónomas para su mercantilización.

Desde la Asociación Nacional del Taxi, han asegurado que están “fiscalizando todas las peticiones para que el proceso de otorgamiento sea riguroso”. Y aunque esta sentencia se puede recurrir, la fiscalización de las irregularidades cometidas por empresas de VTC puede tener como consecuencia la revocación de más de 500 autorizaciones concedidas en Cataluña.