Una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria del TSJC, de la que informa hoy el Ejecutivo insular, considera ajustada a derecho la congelación indefinida del desarrollo urbanístico de las parcelas de la empresa demandante, Ramiterra S.L., incluidas en el Plan Parcial que desarrolla el sector 9 del Plan General de Ordenación (PGO) de Antigua.

La empresa reclamaba al Gobierno de Canarias una indemnización de 127.284.050 euros por responsabilidad patrimonial, en virtud de daños y perjuicios derivados de normas reglamentarias y legislativas aprobadas por el Ejecutivo autónomo y el Parlamento de Canarias en relación con la moratoria turística.

Ahora, el Alto Tribunal desestima la reclamación de dicha responsabilidad, al no haber acreditado la parte demandante el nexo causal entre el daño causado y la actuación administrativa, requisito exigido para que prosperen reclamaciones como la presentada, según la fuente informante.

El fallo del Alto Tribunal de Canarias especifica, además, que la entidad recurrente tenía conocimiento de las medidas suspensivas previstas en la Ley 6/2001 en el momento de la adquisición de las parcelas.