El auto desestima así el recurso de súplica interpuesto por el Ayuntamiento de Palma, del PP, a la sentencia que obliga al consistorio a ejecutar la demolicón de parte de la residencia privada de doña Pilar de Borbón, según la resolución, a la que ha tenido acceso Servimedia.

La sentencia recurrida por el Ayuntamiento palmesano, que fue dictada recientemente por el TSJ de Baleares, declaraba ilegal las obras de ampliación de la vivienda y solicitaba su demolición imediata. No obstante, hasta ahora dicha sentencia no había sido ejecutada.

El origen del conflicto urbanístico, que se remonta a 1987, está en la ampliación ilegal de la residencia que ocua la duquesa de Badajoz en las inmediaciones de Portopí, frente al Paseo Marítimo de Palma.

La decisión del TSJB obligaba al municipio a ejecutar una sentencia firme del Tribunal Supremo que ordenaba la demolición de la parte ilegalmente construida en el citado inmueble. La demolición quedó frenada tras obtener el PP la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Palma.

El auto inicial del TSJB advertía ya al primer edil, Joan Fageda, del PP, que "podrá ser procesado por desacato o desobediencia" si n ordena la demolición en el plazo máximo de un mes.

Por su parte, el auto emitido ahora, que desestima el recurso municipal, reitera que la falta de cumplimiento de la sentencia inicial es "un grave atentado al Estado de Derecho".

La resolución subraya que "a estas alturas, casi cuatro años después de que se dictara la sentencia ejecutoria, el tiempo razonable para administrar y ejecutar la justicia ha sido claramente rebasado" y recuerda que "en su momento y caso, será el alcalde, Juan Fageda, qien deba responder penalmente por presunto delito de desobediencia".