Trillo basó su afirmación en estadístcas del Ministerio del Interior, según las cuales, a 19 de mayo, dos meses y seis días después de la entrada en vigor de la ley, el 13 de marzo, se habían producido 2.308 solicitudes de identificación en la calle. Veintidós días después, a 31 de mayo, la Policía ya había efectuado 4.050 "retenciones", casi el doble.

Esto es indicio inequívoco, afirmó, de que se ha instalado en la Policía una conciencia de "normalidad" en la aplicación de la polémica ley "y eso equivaldría a que en nuestro país, para crcular por la calle, estuviéramos sometidos a libertad vigilada".

"Es decir", añadió, "en vez de circular libremente a donde a uno le dé la gana, pues (es como si) los ciudadanos tuvieran que salir con la carga o el miedo de que van a ser identificados por la fuerza pública en la calle".

Trillo formuló estas reflexiones en rueda de prensa convocada para anunciar que el PP pedirá al Gobierno más información sobre los casos en que se han aplicado los polémicos artículos 20 y 21 de la Ley de Seguridd Ciudadana. Este último permite a las fuerzas de seguridad entrar sin mandamiento judicial en un domicilio donde tenga constancia de que se trafica con droga.

Recordó que durante el trámite parlamentario del proyecto de ley el PP se comprometió a investigar las "retenciones" y entradas en domicilios, pero hoy dijo que ello no ha sido posible en toda su extensión porque la información facilitada por el Ministerio del Interior es simple estadística.

LUGAR, FECHA Y HORA

Ante esa actitud del Ejecuivo, el PP pidió hoy al Gobierno que, de cada "retención" y entrada en domicilio, le informe sobre: lugar, fecha y hora de la acción policial, y patrulla que intervino.

Específicamente, de cada entrada en domicilio sin mandamiento, el PP quiere saber: origen de la noticia del presunto delito (delación, denuncia, confesión), fundamento que llevó a entrar en el domicilio (investigación, comprobación, orden superior), justificación de la urgencia que obligó a no esperar un mandamiento judicial, forma de ntrada en la casa y resultado de la acción (número de detenidos y material incautado).

Por lo que respecta a la identificación ciudadana para evitar la comisión de un delito (art.20), los conservadores solicitan del ministerio que dirige José Luis Corcuera el motivo de cada "retención": si fue para impedir un delito o una infracción, aclaración de por qué no fue posible identificar al ciudadano por otros medios, diligencias practicadas, si hubo o no intervención de abogado y cuantas de esas actuacione fueron ordenadas por el fiscal.

Para que el Gobierno no pueda escudarse en el secreto de las actuaciones policiales y niegue toda esa información, explicó Federico Trillo, el PP renuncia a saber nombres de los afectados ni de los agentes, pero sí "condiciones objetivas de las actuaciones policiales".

Además, el PP ha pedido que el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, informe al Congreso si ha enviado alguna circular interna a las fiscalías provinciales con instrucciones de actuación respcto a la obligación del ministerio público de solicitar periódicamente a las delegaciones del gobierno un extracto del libro oficial en el que se registran las "retenciones".

CRITICAS A GIL-ROBLES

El PP quiere saber también si Hernández ha iniciado actuaciones para esclarecer los tres casos en los que el propio Ministerio del Interior reconoce que se ha aplicado irregularmente la Ley de Seguridad Ciudadana.

Federico Trillo criticó que tenga que ser el PP y no el Defensor del Pueblo, Alvaro Gil-obles, el que vela por defendar la libertad de los ciudadanos, cuando debería ser Gil-Robles el más interesado en ello.

"El Defensor del Pueblo", dijo, "está haciendo un papel que no es el que mejor responde al ejercicio de las funciones que le atribuyen la Constitución y la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo".