Según estas primeras investigaciones aportadas por Trillo, el accidente se debió a un "cúmulo de circunstancias negativas, incluídas las malas condiciones meteorológicas, apuntando al fallo humamo" como causa principal.

El ministro hizo una defensa a ultranza delas características técnicas del avión ucraniano, así como de la solvencia de las líneas aéreas Ucrania Mediterránea, de la aviación de esa república ex soviética en general y del procedimiento de contratación a través de la agencia de la OTAN NAMSA.

De hecho, recordó que el "Yakolev" siniestrado había obtenido el pasado 24 de abril el último certificado de aeronavegabilidad, "la ITV de los aviones", según dijo el propio Trillo. Sin embargo, remarcó que NAMSA es la responsable ante el Ministerio de Deensa de la emisión de dicho certificado. "Según todos los datos técnicos, era un buen avión", indicó.

Además, Trillo dijo disponer de una declaración escrita del presidente de las líneas aéreas asegurando que sus aviones son periódicamente inspeccionados por representantes de la ONU y la OTAN.

PROCESO DE CONTRATACION

Tras destacar las deficiencias que España y casi todos los países europeos tienen en materia de transporte estratégico militar y explicar así la necesidad de recurrir a aviones de as repúblicas ex soviéticas, Trillo aseguró que, sobre los 45 vuelos hechos en estos aparatos, "nunca hubo denuncias ni quejas sobre la capacidad técnica o las condiciones de los aviones" por parte de los militares que en ellos viajaron.

El ministro relató que para los viajes a Iraq y Afganistán se utilizan medios nacionales "siempre que ello ha sido posible" y, a partir de ahí se recurren al alquiler de aviones de repúblicas ex soviéticas.

Tras explicar el proceso de adjudicación a través de la AMSA y a su vez al "broker" británico Chapman Freeborn, calificó de "precipitado" responsabilizar a estos organismos por haber elegido, a su vez, una compañía ucraniana para contratar el vuelo. De todas maneras, también recalcó que la subcontratación de un vuelo no exime al contratista de su responsabilidad.

Sobre los datos técnicos del accidente, el ministro dijo que no es verdad que el avión tuviese previsto aterrizar en otro aeropuerto, sino que estaba previsto repostar en Trebisonda y que "el funconamiento de la torre de control queda en manos de los investigadores".

En Trebisonda estaba previsto el relevo de la tripulación y la que volaba solo llevaba cinco horas de vuelo, por debajo del límite permitido, agregó. Además, no se había recibido ninguna queja sobre el avión en cuestión, que había sido renovado por dentro recientemente. En cualquier caso, Trillo destacó que "las conclusiones son provisionales y se elevarán a definitivas cuando se estudien las cajas negras".

INDEMNIZACIONES

l titular de Defensa aseguró que "la prioridad" desde el primer momento ha sido atender a los familiares. Para ello, su departamento está agilizando y centralizando todos los trámites para que cuanto antes se puedan cobrar las indemnizaciones y las pensiones correspondientes.

En este sentido, explicó que, gracias a la póliza de seguro colectivo del Ministerio Defensa para su personal en misiones de paz, los beneficiarios percibirán, a la mayor brevedad posible 60.101 euros, de los que 39.000 se cobrarn en un adelanto cuando se reciba toda la documentación.

A esta indemnización, se le ha de sumar otra de 75.000 dólares por persona accidentada del seguro con la compañía aérea, según lo previsto en el contrato entre Defensa y la NAMSA, agencia que ya está gestionando el cobro de estas cantidades.

A todo ello se unen las pensiones extraordinarias que los beneficiarios percibirán por la muerte en acto de servicio de sus familiares, que suponen el 100 por cien del sueldo del militar. Trillo afirmó ue el reconocimiento de esta condición se está agilizando al máximo para que se pueda empezar a cobrar la prestación en la paga del mes de junio.

El ministro negó que el accidente se haya podido deber a restricciones económicas de su departamento. Aseguró que "el Gobierno no ha regateado en gasto" y recordó que las misiones internacionales no se imputan al presupuesto de Defensa, sino al capítulo 228, "un crédito ampliable, no limitativo".