El Tribunal de Luxemburgo ha recalcado en su sentencia que el derecho de acceso a los documentos de la Administración es un principio general y toa excepción debe interpretarse de forma restrictiva.

Así, la excepción de "protección del interés público", alegada por la Comisión para denegar el acceso a sus documentos a un ciudadano, sólo se podría aplicar a los documentos que el Ejecutivo haya elaborado "ad hoc" destinados a ayudar a un juez en un asunto en concreto, pero no a todos los documentos.

La Comisión había denegado el acceso de Van der Wal a unos documentos administrativos justificando "protección del interés público", ya que esosdocumentos habían sido requeridos por un órgano judicial en el marco de un proceso jurídico. Según la Comisión, su publicación podría condicionar la autonomía del órgano judicial y su independencia.

Esta postura fue también la que adoptó el Tribunal de Primera Instancia, cuya sentencia realizaba una interpretación restrictiva del derecho de los ciudadanos a acceder a los documentos de la Comisión.

Por contra, el Tribunal de Luxemburgo estima, además, que incluso en el caso de documentos suministrdos por la Comisión a un juez, el Ejecutivo europeo estará obligado a consultar al órgano judicial, y sólo en el caso de que éste lo considerara perjudicial para el buen desarrollo del caso, podría denegar el acceso a un tercero.