La resolución señala que la Comisión no tiene competencias en esta materia y argumenta que la mera evolución del consenso científico sobre la eficacia de estos fármacos en el tratamiento de la obesidad no justifica la retirada de su autorizaión, "si no se fundamenta en nuevos datos".

Afirma que la UE no puede extralimitarse en el ejercicio de las competencias que se le han atribuido y que los requisitos para dejar sin autorización a este grupo de productos deben interpretarse de conformidad con el principio general de protección de la salud pública.

Insisten en que una autorización sólo podrá ser retirada cuando ya no se den los efectos terapéuticos que, a pesar de la existencia de algunas reacciones adversas, habían justificado su oncesión.

La resolución además señala que respecto a las autorizaciones nacionales de dichas sustancias, la consulta al Comité de Especialidades Farmacéuticas "es meramente facultativa".

Con anterioridad a la normativa ahora anulada, estos medicamentos fueron armonizados por una Decisión de la Comisión de 1996, previo dictamen del Comité de Especialidades Farmacéuticas de la Agencia Europea del Medicamento, que limitaba su uso a tres meses por los graves riesgos vinculados a una utilización prologada.