El Ministerio de Interior le denegó el reconocimiento de la condición de refugiado y el derecho de asilo en España el 23 de octubre de 2000, decisión que fue confirmada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en una sentencia fechada el 21 de diciembre de 2001.

Ahora, el Supremo ratifica ese fallo y afirma que en este caso "ni se dan las razones humanitarias ni de interés público ni de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso" que justifiquen la concesión del asilo.

Asimismo, añaden que "una mera lectura de la sentencia impugnada revela a las claras que los problemas que el recurrente tiene en Ecuador son de naturaleza legal y judicial".

Según consta en la sentencia del Tribunal Supremo, el citado banquero era objeto de una investigación judicial por las supuestas operaciones fraudulentas que llevaron a la quiebra al Banco de Préstamo S.A. de Ecuador, del que era administrador.

El 12 enero de 2000, el citado banquero huyó de Ecuador, pero meses después, el 28 de agosto, fue detenido en el Líbano. Tres días más tarde, solicitó el asilo en la Embajada de España en este último país, petición que posteriormente le fue denegada por el Ministerio del Interior, decisión que validó la Audiencia Nacional y que ahora avala también el Supremo.