Estas acusaciones vienen recogidas en la memoria del Tribunal Supremo correspondiente al año 2007, que fue presentada hoy por su presidente, Francisco José Hernando, un informe que dedica un capítulo entero a los problemas de competencia con el Tribunal Constitucional.

En la citada memoria, el Tribunal Supremo indica que los conflictos de competencia con el Tribunal Constitucional "han sido nuevamente objeto de discusión" y reconoce que las relaciones entre ambos órganos jurídicos "han sido difíciles".

El Alto Tribunal admite que este último año el conflicto entre ambos órganos jurídicos "se ha agudizado" implicando esta vez al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "a quien el Tribunal Constitucional ha dirigido sus quejas" contra el máximo representante del Ministerio Público.

La memoria señala que si bien "aparentemente" la discusión en el año 2007 gira en torno a la interpretación de la prescripción penal, el objeto real del conflicto ha sido otro: "se trata de la posición de ambos tribunales en el sistema constitucional".

El Tribunal Supremo defiende su posicion institucional recordando que, según establece la Constitución, él es "el órgano superior en todos los órdenes, salvo en lo referente a la garantías constitucionales".

En este sentido, señala que la prescripción de los delitos "no es una garantía constitucional", lo que le lleva a asegurar que en este apartado el órgano presidido por María Emilia Casas "ha excedido los límites de su jurisdicción".

Por último, el Tribunal Supremo acusa al Constitucional de haber dado "razones erráticas" para invadir sus competencias yde "haber desenfocado nuevamente el problema".