Los militares fueron castigados, "por incurrir en una falta grave de insubordinación", con un mes y un día de arresto en el arsnal de Cartagena (Murcia).

La Sala segunda de lo contencioso-administrativo del tribunal dictará mañana, jueves, una resolución sobre las sanciones impuestas a los militares, según señalaron hoy fuentes judiciales.

El capitán de fragata Miguel Anufat Centelles, el alferez de navío Lorenzo León Anogo, el sargento primero Fernando Fabian Pizarro y otro capitán de navío y un alferez más, presentaron la pasada semana tres recursos contra el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Carlos Vila Mianda.

Los cinco militares alegaron que tenían un contrato de arrendamiento con el Patronato de Casas de la Armada y que vivían en los bloques de pisos del portal de la Santa Madrona, en Barcelona.

ALQUILERES

En diciembre de 1990, Vila Miranda dictó una orden de desahucio donde decía que debían abandonar las viviendas. Los afectados presentaron un recurso de reposición, que no fue admitido, ya que constaba que su contrato de alquiler era con el Instituto Nacional de la Vivienda y no con el patroato.

Un decreto de 1968 estableció que todos los pisos del patronato pasasen a formar parte del instituto. Otro decreto de 1990, sobre los derechos del personal de la reserva activa de la Armada, estableció que sus miembros podrían residir en las citadas viviendas hasta su muerte.

Tras no resolver la interposición del recurso de los demandantes, el ejército les dio un mes de plazo para dejar sus pisos. Su negativa a abandonar las viviendas provocó el expediente disciplinario de arresto en Cartagea.

Lorenzo León Anogo cumple la sanción desde el pasado 17 de septiembre, mientras que el resto aún no ha viajado a la ciudad murciana.

Los militares consideraron entonces que "se habían vulnerado sus derechos constitucionales" y alegaron el principio de legalidad, según el cual el hecho de no querer abandonar las viviendas no está considerado como falta.