El tribunal valenciano se pronuncia así en una sentencia por la que estima un recurso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo contra una sanción que le impuso la Dirección General de Empleo por no haber reservado un 2 por ciento de sus puestos de trabajo a personas con minusvalía, tal como prevé la Lismi para aquellas empresas con más de 50 trabajadores fijos.

La caja de ahorros fue castigada con una multa de 100.000 pesetas porque la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Alicante consideró que había cometido una infracción grave al contar sólo con 4 trabajadores minusválidos entre su plantilla de 1.764 empleados fijos. Sin embargo, la sentencia anula ahora la sanción.

En el fallo, al que ha tenido acceso Servimedia, el Tribunal Superior de Valencia coincide con laCaja de Ahorros del Mediterráneo en que la obligación de emplear minusválidos no tiene la característica de imposición automática que le asigna la administración, pues la entidad de ahorro venía comunicando al INEM los empleos susceptibles de ser ocupados por trabajadores minusválidos, quienes para ser admitidos debían superar las pruebas de idoneidad establecidas para cada uno de los puestos a cubrir.

El tribunal también considera la dispersión de los 413 centros de trabajo que tiene esa caja de ahoros en la provincia de Alicante, lo que, a su juicio, hace que no se puedan contabilizar el número total de trabajadores en esas oficinas como si se tratasen de un único centro de trabajo.

Además, destaca que el INEM tampoco ha demostrado que tenga un censo de trabajadores minusválidos con peticiones para ocupar esa clase de puestos de trabajo o en número suficiente para cubrir el porcentaje de reserva legal.