EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA, COMPETENTE EN EL 'CASO JUAN GUERRA', SEGUN SU FICAL JEFE
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El fiscal jefe del Tribunal Superior d Justicia de Andalucía, Luis Portero, consideró competente a ese órgano judicial en la parte del 'caso Juan Guerra' referida a la utilización de un despacho oficial en la Delegación del Gobierno de Andalucía, donde están presuntamente implicados sus anteriores responsables, Leocadio Marín y Tomás Azorín.
Luis Portero manifestó hoy que, en un principio, se pronunciará a favor de la competencia de la sala de lo civil y penal de ese Alto Tribunal andaluz.
No obstante, el órgano judicial tendrá que eperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre un escrito presentado por Izquierda Unida (IU).
En el texto, IU inculpa al ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, como responsable de la concesión del despacho que ocupó durante varios años su hermano en la Delegación del Gobierno en esta región.
Por ello, el fiscal del Alto Tribunal regional consideró "prudente esperar a que el tribunal supremo se pronuncie sobre ese escrito" y añadió que no le parece correcto que la sala de lo civil y o penal, órgano inferior al Tribunal Supremo decida esa competencia.
La decisión puede conocerse a lo largo de esta misma semana, si bien Luis Portero ya conoce que el fiscal del Tribunal Supremo sugirió, en la sala segunda, el rechazo de las pretensiones del escrito presentado por IU por no poderse demostrar la responsabilidad de Alfonso Guerra en la concesión del mencionado despacho.
En el caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asuma estas competencias, tendrá que pedir un inorme detallado al juez Angel Márquez, quien investiga el "caso Guerra" en Sevilla.
Luis Portero anunció que sugerirá a la sala que pida al juez Angel Márquez un informe sobre los hechos que está investigando, ya que, matizó, "sólo conocemos aquello que nos ha remitido".
El fiscal andaluz precisó que "pudiera ocurrir que se traten de hechos conexos que no puedan ser enjuiciados por dos órganos judiciales distintos sino por el mismo, para evitar así resoluciones contrarias".
El juez Angel Márqez remitió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la parte del "caso Guerra" referida al uso del despacho oficial, por considerar como presumiblemente implicados a dos cargos públicos que fueron delegados del gobierno en la comunidad en aquellos años: Leocadio Marín, actual consejero de Agricultura del Gobierno Autonómico Andaluz, y Tomás Azorín, diputado socialista en el Parlamento autonómico.
(SERVIMEDIA)
30 Sep 1991
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