La Sala de lo Contencioso-Administrativo de este tribunal envió hoy la notificación de su sentencia a la Junta de Extremadura, en la que informa que desestima el recurso presentado por los representantes legales de la Casa de Alba contra el Ejecutivo socialista de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y reconoce "un marcado carácter social" en las expropiaciones.

La resolución ñade que la medida del Gobierno extremeño sobre las fincas Cabra Alta y Cabra Baja, pretende "resolver una situación de incertidumbre colectiva en el uso y explotación de la finca".

Explica también que la vía más práctica para resolver el verdadero conflicto es la de "mantener la medida expropiatoria, para que dentro del procedimiento administrativo pueda determinarse con un justiprecio el verdadero valor del objeto expropiatorio".

Por su parte, el presidente de la Junta valoró hoy positivamente a sentencia e indicó que la decisión judicial especifica "rotunda y tajantemente que el interés social de la expropiación de Cabra Alta y Cabra Baja está justificado y que se puede proceder a ella".

Rodríguez Ibarra, que será reelegido por mayoría absoluta para una nueva legislatura tras las últimas elecciones del 26 de mayo, dijo también que estas sentencias "vienen a corregir un anacronismo que existía en la región extremeña, que era la situación de un arrendamiento anacrónico".

Agregó que lo qe se intenta "es incorporarnos a la modernidad europea y, por tanto, esta es una medida de modernización que la Junta hizo en su día y que el Tribunal Superior avala, por lo que estamos en un proceso de modernización de estructuras arcaicas que desgraciadamente perviven en nuestra región".

El presidente extremeño anunció la expropiación de las fincas de la duquesa de Alba durante su intervención en un mitin de las pasadas elecciones generales de 1989, si su propietaria insistía en "vender cara la tiera que pertenece a los extremeños".

El Gobierno regional llegó a ofrecer a la Casa de Alba el pago de 150 millones de pesetas por las dos fincas, cuya superficie suma unas 2.500 hectáreas. La oferta no fue aceptada, por lo que el Ejecutivo extremeño aprobó sendos decretos de expropiación en enero de 1990.

Los abogados de Cayetana de Alba disponen de un plazo de cinco días para recurrir esta decisión del máximo órgano judicial extremeño ante el Tribunal Supremo, lo que le obligaría a pronunciarse sbre la razón social de la expropiación.