Este pronunciamiento supuso un rechazo al recurso que el Gobierno Civil de Tarragona presentó contra el decreto municipal. El ayuntamiento había ratificado, en una sesión plenaria del pasado mes de eero, esta ordenanza de la alcaldía, por la cual se modificaban algunos de los artículos de la Ordenanza de Policía y Buen Gobierno.

Según el decreto, el consistorio podía imponer multas, que iban desde las 15.000 hasta las 25.000 pesetas, por el consumo de drogas en la calle.

El gobernador civil de Tarragona, Ramón Sánchez, interpuso unos días más tarde un recurso contencioso-administrativo, por invasión de competencias, contra el Ayuntamiento de Tarragona.

Una vez hecha pública la resolució del TSJC, en la que reconoció que el municipio tiene facultades para aplicar las mencionadas sanciones, el teniente de alcalde de Gobernación del Ayuntamiento de Tarragona, Angel Fernández, confirmó que las multas comenzarán a dirigirse a aquellas personas que consuman estupefacientes en la vía pública.

Este consistorio fue uno de los primeros en aprobar en un pleno una ordenanza para prohibir el consumo de drogas en la calle, pero todavía no se había podido llevar a la práctica a causa de la presentción del recurso del Gobierno Civil.

Angel Fernández manifestó que Tarragona no es una ciudad especialmente conflictiva por el consumo de drogas, aunque aseguró que el Ayuntamiento pedirá ayuda a las fuerzas de seguridad del Estado para hacer cumplir las sanciones.