La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal asegura, en el auto dictado hoy, que el recurso del PP "sólo puede llevarse a cabo a través del recurso de amparo directo ante el Tribunal Constitucional".

"Resulta evidente", continúa el auto, "que no nos hallamos ante un simple acto de administración, puesto que el acuerdo recurrido viene a declarar el ejrcicio legítimo de la actividad fiscalizadora que le corresponda a la Mesa de las Cortes".

El presidente de las Cortes, el socialista José María Barreda, afirmó tras conocer el auto que "el Tribunal reconoce que no se han cometido arbitrariedades por parte de la Mesa y legitima sus actuaciones".

Barreda señaló que tras la resolución se encuentra "tranquilo", aunque aún exista la posibilidad de recurrir ante el Constitucional, y añadió que de todas formas "tuve siempre confianza".

Por su part, el Grupo Parlamentario Popular aseguró hoy a través de una nota que "el auto pone en difícil situación a la mayoría socialista de la Mesa e indirectamente da la razón al PP, al mantener que se trataba de un acto político".

Según la nota del PP, "diferimos del Tribunal en cómo se ha materializado esta maniobra política, porque a nuestro juicio se ha ejecutado a través de un acto administrativo, y no de un acto parlamentario no administrativo, como argumenta el Tribunal".

El recurso presentado po el PP el pasado 8 de octubre por el procedimiento de urgencia pretendía que revocara el acuerdo de la Mesa de la Cámara del 28 de septiembre, por el que se suspendía el pago de subvenciones al Grupo Parlamentario Popular durante este año, hasta que no hiciera efectivo 198,3 millones de pesetas no justificados entre los años 88 y 92.