El Impuesto Ecológicofue creado por el Gobierno que preside el popular Gabriel Cañellas en diciembre de 1991. Las empresas afectadas por el mismo son Gas y Electricidad (Gesa), Repsol Butano, Repsol Petróleo, Campsa y Telefónica.

GESA recurrió en diciembre de 1993 ante el TSJB la aplicación del impuesto por su presunta inconstitucionalidad. Mientras los tribunales estimaban el recurso, GESA y el resto de las empresas implicadas tuvieron que depositar un aval en el que se acumulaba la cantidad impositiva correspondiente alejercicio de 1992.

Ahora, el TSJB ha fallado a favor de la Administración autonómica y obliga a Gesa a pagar 880.729.000 pesetas, aunque para poder cobrar este impuesto la comunidad autónoma tendrá que esperar el fallo del Tribunal Constitucional sobre el recurso interpuesto por el Gobierno Central contra la Ley del Impuesto Ecológico.

No obstante, el Tribunal Constitucional acordó levantar la suspensión de su aplicación hasta que se dictara sentencia, por lo que hasta que no se resuelva el recuro, las empresas deben abonar el impuesto.

El TSJB ha tenido en cuenta que los ingresos derivados del Impuesto Ecológico están ya previstos en los presupuestos generales de la Comunidad de Baleares de 1992, por lo que estima que sería más perjudicial vetarlo que aprobarlo.

En cuanto a su incidencia sobre los consumidores, el tribunal aprecia que se trata de empresas cuyos precios no son fijados libremente por el mercado, sino precios autorizados, por lo que no será el consumidor final el que tengaque costear el impuesto.

Por su parte, el presidente de Gesa, Miguel Pocoví, manifestó a Servimedia que "presentaremos un recurso ante el Tribunal Supremo porque se trata de mucho dinero y debemos defender entre todos los intereses de nuestros accionistas".