La demanda fue presentada en abril de 1990 por José Antonio Arzoz, padre de la niña y presidente de Aspansor de Zaragoza, al haber agotado las reclamaciones por vía administrativa.

La sentencia, dictada en septiembre d 1990, aseguraba que las prótesis auditivas eran un elemento necesario y un "estímulo de la propia fisiología para poner al individuo en condiciones de formar su propia personalidad, claramente condicionada por el sentido de la audición".

"Protección tan necesaria y vital para el desarrollo integral de la persona que, en modo alguno, puede quedar atribuida al sistema de asistencia social que se le propone", añade la sentencia.

El argumento esgrimido por la Administración sanitaria para denegar lafinanciación de las prótesis se basó en que no figuraban en el catálogo de especialidades contempladas en las prestaciones de la Seguridad Social. En todos los casos remitieron a los demandantes a las ayudas ortopédicas del Inserso.

A partir de este dictamen, varios tribunales han fallado a favor de los padres con hijos afectados por una sordera profunda o servera.