Así, el tribunal desestima el recurso de la Abogacía del Estado contra el fallo del Juzgado de Primera Instancia número 5 de San Sebastián que dio la razón a la madre, de nacionalidad camerunesa, que vive regularmente en España desde entonces.

La resolución indica que desde su llegada a Tarifa (Cádiz) la niña no existía administrativamente en ninguna parte, no disponía de tarjeta sanitaria ni podía acceder a los servicios públicos municipales. Los magistrados recuerdan en la sentencia que el interés superior de la menor es un “objetivo constitucionalmente legítimo” consagrado en las disposiciones nacionales.

Por ello, añaden, consentir que la niña permanezca en el limbo de la apatridia en situación de desigualdad con respecto de otros menores supone una merma significativa para sus derechos básicos y fundamentales, entre otros, el derecho a la educación.