El tribunal ha considerado el atentado contra Pstora Romero Saavedra un homicidio frustrado, mientras que califica la muerte del bebé como delito de lesiones y no de aborto, como solicitó el ministerio fiscal.

La sentencia reconoce que existe delito de aborto en tanto en cuanto Américo era consciente del estado de la mujer y, al herirla, provocó el alumbramiento antes de terminar la gestación a pesar de en este caso "era posible la vida extrautérica del feto".

Sin embargo, la sala estima que la muerte del bebé fue por causas ajenas a la agresón como consecuencia de problemas pulmonares y cerebrales propias de los nacimientos prematuros.

Los hechos ocurrieron en marzo de 1991 en el poblado gitano de Cerro de los Liebres, cuando Pastora Romero acusó a un hijo de Américo de robar los cables de un tendido eléctrico, motivo por el que el condenado, primo del marido de la mujer, la agredió.

Sin embargo, Pastora, que no presentó denuncia y se marchó del hospital de la Paz donde le practicaron la cesárea antes de que la dieran de alta, negó nte el tribunal sus primeras declaraciones y dijo que la hirieron en una pelea, sin que pudiera determinar quién fue el agresor.

Añadió que si en un principio pensó que habia sido Américo, fue porque éste se marchó del poblado con su familia al día siguiente.

El tribunal ha deducido testimonio de la mujer por considerar que pudo incurrir en delito de falso testimonio en el transcurso del juicio oral, ya que, según recoge la sentencia, "la especial idiosincrasia" de la población gitana les inclinaa resolver los asuntos familiares entre ellos al margen de la Justicia.