Una de las demandas, basada en la ausencia de comunicación de programas de envalajes líquidos y alimenticios, está pendiente de sentencia.

Las otras dos, denuncian la destrucción de las Marismas de Santoña y la polución que, según los demandantes, provoca la factoria de Inquinosa, en Sabiñanigo (Huesca), por el vertido incotrolado de hexaclorociclohexano (HCH).

La Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas aseguró que en estos dos últimos casos, el plazo de contestación que el Tribunal de Luxemburgo ha ofrecido a las autoridades españolas para argumentar su defensa, vence el próximo 1 de abril.

MAS DE 50 PROCEDIMIENTOS

Por su parte, el diputado del CDS Rafael Martínez-Campillo estima que la Comisión de Medio Ambiente de la CE ha abierto más de medio centenar de procedimientos al Gobierno español por denunias presentadas, en su mayoría, por particulares.

Campillo declaró a esta agencia que entre estos procedimientos hay algunos que tratan aspectos muy generales, por ejemplo el referido a las posibles deficiencias de la legislación de aguas subterráneas y superficiales, y otros más concretos, como es el caso del Parque Nacional de Doñana (Huelva).

Antes de enviar estos procedimientos al Tribunal de Luxemburgo, la Comisión de Medio Ambiente solicita al Estado demandado información sobre el problema enunciado.

Sólo en el supuesto de que la contestación no satisfaga a las autoridades europeas el proceso sigue los trámites oportunos hasta llegar al mencionado órgano judicial.

DOÑANA Y CABAÑEROS

El diputado centrista resaltó los expedientes abiertos a la Administración española por supuestas deficiencias en la conservación de Doñana, en la protección de Cabañeros, así como el que hace referencia a los elevados índices de polución que sufre Cartagena.

Asimismo, resaltó que los 55 procedimentos de infracción que las autoridades comunitarias de medio ambiente habían abierto contra España en 1989, han podido aumentar considerablemente durante el pasado año.

Estos expedientes afectaban a diversas provincias, como Vizcaya, Barcelona, Huesca, Huelva, Sevilla, Alicante, Badajoz o Cádiz.

La ausencia de programas sobre sustancias que contaminan las aguas, la precaria situación de algunas calas mallorquinas, los vertidos de HCH en Baracaldo (Vizcaya), la ausencia de una legislación adecuad que controle el vertido a la atmósfera de sustancias químicas o el deterioro que ha sufrido la Bahía de Cádiz, son algunas de las deficiencias que, según los centristas, han sido denunciadas ante la CE.