La resolución señala que España no ha adoptado las medidas nacionales necesarias para garantizar a los funcionarios d las instituciones la posibilidad de efectuar el traspaso de sus derechos a pensiones por jubilación hacia el régimen de pensiones comunitario.

En el fallo del tribunal comunitario se destaca que España ha faltado a sus obligaciones señaladas en el Estatuto de los Funcionarios de las comunidades europeas.

En dicho estatuto se recoge que el funcionario que entre al servicio de las comunidades europeas, despues de haber cesado sus actividades junto a una administración, una organización nacional o nternacional, o de haber ejercido una actividad asalariada o no, tiene la la facultad de hacer entregar a las comunidades los derechos de pensiones de jubilación.

En la reslución se indica que España tomó ciertas medidas para dar efecto a estas disposiciones, pero esto no se consideró suficiente para garantizar el funcionemiento de este régimen.

La ausencia de posibilidad legal de traspaso del régimen español frente al régimen comunitario compromete la igualdad de trato entre funcionarios comunitrios, al mismo tiempo que es fuente de desigualdades entre los estados miembros, subraya la sentencia.